El Ministerio de Igualdad ha acordado empezar a trabajar con las comunidades autónomas para crear comités de crisis ante el repunte de asesinatos machistas registrado en el mes de mayo. El objetivo acordado es el de analizar "qué ha salido mal" con las víctimas de feminicidios en España y cuáles son las medidas a tomar a partir de ahora para frenar ese incremento, que dejó el pasado mes seis mujeres asesinadas. 

El acuerdo se ha alcanzado durante la reunión del grupo de trabajo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, convocado la semana pasada por el departamento de Irene Montero para abordar "como asunto prioritario" el aumento de feminicidios. Así, Igualdad y autonomías han consensuado la necesidad de mejorar la respuesta ante la violencia machista a través de los comités de crisis, que se encargarán de analizar de forma exhaustiva los antecedentes, así como el propio asesinato, para recopilar cualquier información que pueda ser útil para prevenir, en la medida de lo posible, estas situaciones y detectar los "puntos débiles" susceptibles de ser corregidos o reforzados. 

"Dado el repunte de feminicidios de las últimas semanas, crearemos comités de crisis que nos sirvan para analizar cuáles son las causas de este repunte. Tenemos que ser capaces de sentarnos para analizar no solo qué ha salido mal, sino qué debe salir mejor a partir de ahora", ha subrayado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, durante la comparecencia posterior al encuentro. 

Durante la reunión también se han tratado otros asuntos, como el de reforzar la respuesta institucional ante la trata o la explotación sexual. Se ha creado así un eje de trabajo específico -tal y como avanzó Igualdad que haría- para "consolidar el compromiso" frente a estos tipos de violencia, y en una línea continuista con lo aprobado en la anterior Conferencia Sectorial, donde autonomías y Gobierno aprobaron un sistema de acreditación socio-asistencial para las víctimas de trata y explotación sexual. 

Para Rodríguez, es urgente que se logre un Pacto de Estado contra el proxenetismo y la trata "para proteger a las mujeres forzadas a ejercer la prostitución". La secretaria de Estado ya avanzó la intención de lograr un consenso nacional en torno a la lucha contra el proxenetismo y la explotación sexual este lunes, al ser preguntada sobre la proposición de ley abolicionista del PSOE cuya toma en consideración se debatirá este martes por la tarde. El camino que, según el departamento de Irene Montero, debe tomarse, no es solo el de perseguir a los que se lucran de la prostitución, sino también el de ofrecer salidas a las mujeres en esa situación y ofrecerles itinerarios específicos y medidas de prevención. 

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"No hay abolición sin proteger a las prostitutas", ha resaltad, enumerando medidas de protección como garantizarles un alojamiento alternativo, facilitarles rentas básicas o el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o reformar la ley de extranjería para blindar el acceso a esos derechos, ya que la gran mayoría de las mujeres prostituidas están en situación administrativa irregular. 

"La explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son formas de violencia contra las mujeres y, por tanto, deben formar parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", ha aseverado Rodríguez.